Defendemos a quienes sirvieron a Colombia

Somos una firma de abogados especializada en la defensa de los derechos de los miembros de la fuerza pública, con énfasis en conscriptos: soldados regulares, infantes de marina y auxiliares de Policía e Inpec que resultaron lesionados o enfermos durante su servicio militar obligatorio.

Representamos a nuestros clientes en procesos de reparación directa contra el Estado ante la jurisdicción contencioso administrativa, acompañándolos desde el recaudo probatorio y la junta médica laboral hasta la sentencia y el pago efectivo de su indemnización.

Por qué confiar en nosotros

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Especialización total

Solo llevamos casos de fuerza pública. Conocemos la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre conscriptos al detalle.

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Sin costo para ti

No pagas honorarios de tu bolsillo: solo cobramos si ganamos tu caso.

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Seguimiento transparente

Como cliente, sigues el estado de tu proceso en línea desde tu enlace privado, cuando quieras.

Quién escribe y revisa lo que publicamos

Cada guía y cada página de caso del sitio la escribe y la revisa el equipo jurídico de la firma. Las credenciales de nuestros abogados constan en cada poder y en cada demanda que radicamos ante la jurisdicción.

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Dirección de la firma

Abogado litigante · Representante legal de JPS & Asociados SAS.

Oficial pensionado del Ejército Nacional. Estuvo adscrito al Batallón de Sanidad del Ejército y al Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa: conoce desde adentro cómo se califica y cómo se paga una lesión en el servicio. Ha presentado demandas de constitucionalidad en favor de los uniformados y litigó el caso que dio origen a la sentencia de unificación CE-SUJ-3-002-2025 del Consejo de Estado.

Qué somos y qué no somos

Defensoría Fuerza Pública, conocida como DEFUP, es una firma privada de abogados constituida en Colombia como JPS & Asociados SAS. No es una entidad pública ni recibe recursos del Estado: al Estado lo demandamos.

No somos FONDETEC (el Fondo de Defensa Técnica y Especializada del Ministerio de Defensa, que financia la defensa penal y disciplinaria de los uniformados), ni la Defensoría Militar (DEMIL), ni la Defensoría del Pueblo. Esas entidades defienden al militar o policía cuando lo acusan. Nosotros hacemos lo contrario: representamos al uniformado, o a su familia, cuando reclama a la Nación una indemnización por una lesión, una enfermedad o una muerte ocurrida en el servicio, mediante la acción de reparación directa.

Trabajamos de forma 100% remota para todo el país: el cliente firma electrónicamente, envía sus documentos por el portal y sigue el avance de su proceso en tiempo real, con cada actuación registrada el día que llega del juzgado. No cobramos nada por adelantado: la firma asume los gastos del proceso y solo cobra un porcentaje si el caso se gana.

La dirige un abogado que fue oficial del Ejército Nacional y conoce desde adentro cómo se califica y cómo se paga una lesión en el servicio. El equipo jurídico está integrado por abogados titulados con experiencia en la jurisdicción contencioso administrativa. Un caso de la firma dio origen a la sentencia de unificación CE-SUJ-3-002-2025 del Consejo de Estado, que fijó para todo el país que el lucro cesante se acumula con la pensión de invalidez.

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