Pérdida de capacidad laboral en la Fuerza Pública: cómo se califica

Buena parte de lo que recibe un soldado lesionado depende de un número: su porcentaje de pérdida de capacidad laboral. De ahí salen el daño a la salud y el lucro cesante, que suele ser el rubro más alto.

Quién califica

En la Fuerza Pública la calificación corresponde a las juntas médico laborales de cada fuerza y, en revisión, al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. Se aplican los índices del Decreto 094 de 1989 y el Decreto 1796 de 2000, distintos de los que rigen para el régimen civil.

La clasificación del hecho: el literal que importa

El artículo 24 del Decreto 1796 de 2000 clasifica las lesiones en tres categorías, y de ella depende buena parte del caso:

• Literal a: en el servicio, pero no por causa y razón del mismo.
• Literal b: en el servicio, por causa y razón del mismo.
• Literal c: en el servicio por combate o accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo.

Si no te hicieron junta o quedó baja

Ocurre con frecuencia, sobre todo cuando el soldado ya fue desacuartelado. La salida es aportar un dictamen médico privado elaborado por un profesional con formación en medicina laboral, sustentado en la historia clínica.

En un caso nuestro, el juzgado dio pleno valor probatorio a un concepto médico privado, razonando que negarlo atentaría contra el acceso a la reparación cuando el daño está probado y existe un referente objetivo y razonable para liquidarlo.

Cómo se traduce el porcentaje en dinero

El porcentaje opera en dos frentes. En el daño a la salud, ubica el caso en la tabla de la sentencia de unificación de 2014. En el lucro cesante, se aplica sobre la renta base: si un soldado tiene una pérdida del 10,5%, se indemniza ese 10,5% del ingreso proyectado durante su vida laboral probable.

Junta, tribunal médico y perito de parte: quién manda

La calificación oficial la hacen la junta médico laboral y, en revisión, el tribunal médico laboral (Decreto 1796 de 2000). Un dictamen de un médico laboral particular puede complementarlas o controvertirlas, pero su peso depende de un detalle que decide casos: haber agotado y documentado el trámite ante Sanidad.

• Cuando Sanidad negó la junta pese a una tutela y un desacato, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Subsección C, 2025) aceptó el 10 % del perito de parte y con él reconoció daño moral, daño a la salud y lucro cesante, «sin que deba acreditarse, adicionalmente, una limitación funcional». El caso →
• Cuando el demandante desistió de la junta y aportó solo el perito, la Subsección B del mismo Tribunal (2025) no lo aceptó: los dictámenes privados «solo tendrán valor probatorio en la medida en que se logre demostrar que fueron solicitadas ante la autoridad competente». El caso →
• En pensión de invalidez, el Juzgado 30 Administrativo de Bogotá (2023) prefirió el 58,4 % del perito sobre el 37,55 % de la junta y el tribunal, porque exigir solo las actas oficiales «estaría imponiendo una tarifa legal en materia probatoria», y los organismos militares habían dejado sin calificar el dolor crónico y una gastritis por medicación. La guía de pensión →

Qué pasa sin junta: la condena en abstracto

Si el daño está probado pero no su cuantía, el juez puede condenar en abstracto (artículo 193 del CPACA): declara la responsabilidad y deja la liquidación para un incidente posterior, con el acta de la junta como prueba técnica obligatoria del lucro cesante. Es ganar con tarea pendiente: hay que conseguir la junta (por tutela, si toca) y promover el incidente dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria. Y el porcentaje no lo es todo: con un 9,5 % sin secuela funcional el Tribunal confirmó solo 9 SMLMV de daño moral y negó daño a la salud y lucro cesante, porque el soldado fue declarado apto y sin secuelas.

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