Junta médico laboral de retiro: cómo pedirla, plazos y qué hacer cuando Sanidad no la practica

Ningún caso de un soldado lesionado se gana sin saber cuánta capacidad laboral perdió. Ese porcentaje lo fija la junta médico laboral, y conseguir que Sanidad la practique es, muchas veces, la primera batalla. Esta guía explica cómo se pide, qué documentos exigen, por qué «ya pasaron los dos meses» no es una respuesta válida y cómo se obtiene por tutela cuando la niegan.

Qué es y para qué sirve

La junta médico laboral es la instancia médica de la Fuerza Pública que, después de un tratamiento, decide tres cosas sobre el uniformado (Decreto 1796 de 2000, artículos 14 y 15): si es apto o no apto para el servicio, qué porcentaje de pérdida de capacidad laboral le queda y bajo qué literal se clasifica la lesión: en el servicio pero no por causa de él (A), en el servicio por causa y razón del mismo (B) o en combate (C).

De esa acta dependen casi todos los derechos económicos: la indemnización por disminución de la capacidad psicofísica, la pensión de invalidez cuando el porcentaje llega al 50 % y, en la demanda de reparación directa, la prueba del daño y la base del lucro cesante. Por eso Sanidad la demora y por eso hay que insistir.

Cuándo se convoca

• Cuando hay informe administrativo por lesiones (el que levanta la unidad cuando un uniformado se lesiona o enferma en el servicio).
• Cuando la incapacidad suma tres meses o más, continuos o discontinuos, en un año.
• Cuando el examen de retiro encuentra lesiones o enfermedades que disminuyen la capacidad laboral.
• Por orden judicial: un juez de tutela o el juez del proceso de reparación directa pueden ordenar que se convoque (Decreto 1796 de 2000, artículo 18).

«Ya pasaron los dos meses»: por qué esa negativa no vale

La respuesta más frecuente de Sanidad es que el examen de retiro debía hacerse dentro de los dos meses siguientes al retiro y que, pasado ese tiempo, «no hay nada que hacer». Los jueces la rechazan una y otra vez. El plazo de dos meses del artículo 8 no es un término de prescripción del derecho: si se incumple, a lo sumo el retirado asume el costo del examen, pero la junta se practica. Así lo dijo la Corte Constitucional (sentencia T-258 de 2019) y lo repiten los juzgados administrativos de Bogotá en las tutelas de nuestros clientes: «el plazo de 2 meses que establece la norma no alude a un término de prescripción del derecho».

La segunda negativa típica es el «abandono del tratamiento» (artículo 35): que como el soldado dejó de ir a las citas, la institución no reconoce nada. Tampoco sirve para negar la junta, y menos cuando fue Sanidad la que retuvo la historia clínica o exigió documentos que solo la propia unidad podía expedir. Un juzgado lo resumió así: aunque las circunstancias que llevaron a no hacer el examen fueran imputables al retirado, «la autoridad no puede negar su realización».

Los documentos que Sanidad exige y cómo conseguirlos

Para reactivar los servicios médicos y programar la junta, Sanidad suele pedir: la orden administrativa de personal (OAP) o acta de evacuación con la fecha de retiro, la historia clínica completa, la ficha médica unificada de retiro y, en enfermedades como la leishmaniasis, el certificado SIVIGILA del diagnóstico. Todo eso lo tiene la propia institución.

La tutela que obtiene la junta

Si Sanidad niega la junta o simplemente no responde, la acción de tutela es el camino, y funciona. Se invocan los derechos a la salud, la seguridad social y el debido proceso; el juez, además, aplica la presunción de veracidad cuando la entidad guarda silencio. Lo que se pide: reactivar los servicios médicos en 48 horas y convocar y practicar la junta en un plazo corto (los jueces han fijado 30 días hábiles, o «sin dilación alguna» una vez hecho el examen de retiro).

Si la entidad no cumple, sigue el incidente de desacato. No basta con que Sanidad diga que «calificó la ficha médica» o que le pasó al soldado una lista de requisitos y citas a meses vista en otra ciudad: eso no es cumplir. En uno de nuestros casos el juzgado declaró el desacato y multó al director de Sanidad del Ejército con un salario mínimo.

Cinco casos de la firma

Después de la junta: tribunal médico y perito de parte

Si el porcentaje queda bajo o el literal es el equivocado, tienes cuatro meses desde la notificación del acta para pedir la convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. Y en el proceso judicial, un dictamen de perito de parte puede complementar o controvertir la junta: en un caso de pensión de invalidez el juez prefirió el 58,4 % del perito sobre el 37,55 % de la junta y el tribunal, porque los organismos militares habían dejado patologías sin calificar.

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